El pasado 10 de marzo de 2011 un grupo de jóvenes estudiantes irrumpieron en una capilla religiosa de la Universidad Complutense de Madrid, concretamente en el Campus de Somosaguas. Entre ellos se encontraba Rita Maestre, en aquel momento estudiante de Ciencias Políticas en la UCM y ahora concejala y portavoz de Ahora Madrid en el ayuntamiento de la capital.
En esta protesta se lanzaron una serie de consignas que, a juicio de diversos colectivos católicos, ofendían los sentimientos religiosos. Desde luego, es comprensible que estas personas puedan sentirse agraviadas por lo sucedido, del mismo modo que los homosexuales se sienten ofendidos cuando desde instituciones católicas se hace referencia a ellos como un colectivo de “desviados” o la indignación que nos produce la Iglesia cuando hace gala de un machismo más propio de épocas olvidadas.
El problema es que se mezclan dos asuntos que deberían estar claramente separados: enseñanza pública y religión. La religión forma parte de la libertad individual de las personas y es un derecho legítimo. Lo que no es tan legítimo es que en un Estado que se declara aconfesional y por ello no adherido oficialmente a ninguna religión, se destine dinero público para que los creyentes practiquen su religión en una universidad pública. Y básicamente, con mayor o menor acierto y con mejor o peor gusto, éstas eran las reivindicaciones de las que participó Maestre.
Pues bien, esta polémica fue aprovechada por el sindicato de extrema derecha Manos Limpias, el partido neofranquista Alternativa Española, y el centro jurídico Tomás Moro (de orientación cristiana) para querellarse contra la concejala, y en cuyo juicio, que se celebró el pasado jueves, pidió disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por lo ocurrido. Se juntan dos cosas: por un lado, Maestre, que nunca había escondido su feminismo y activismo político, iba a clase con el capellán de la Complutense y era muy conservador y, por otro, que Maestre es ahora concejala y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. No es asunto baladí, pues se enfrenta a un año de prisión y Alternativa Española ha intentado que la condena se aumente a tres.
Ya lo dijimos en nuestro editorial de la semana pasada: hay una campaña orquestada para deslegitimar al grupo que preside Manuela Carmena. En lugar de hablar, por ejemplo, de que los grandes propietarios comenzarán a pagar todo el IBI en Madrid, se da una importancia desmesurada con tintes claramente tendenciosos y manipulados a circunstancias de carácter menor (es el caso de los titiriteros y lo es también el hecho por el que se decide imputar a Maestre). Que sea Maestre y no Barberá la Rita que se sienta en el banquillo de los acusados es una muestra más de la caza de brujas y las medidas inquisitoriales de un poder judicial que está siendo instrumento de intereses políticos y partidistas muy definidos.