Australia avanza hacia el matrimonio igualitario. Este miércoles se conocieron los resultados de una consulta postal no vinculante en la que han votado el 79,5% de los 16 millones de australianos que estaban habilitados para hacerlo a favor o en contra de la propuesta. Un 61,6% de los ciudadanos ha votado a favor, mientras que un 38,4% lo ha hecho en contra, según la Oficina Australiana de Estadísticas. El resultado, que fue recibido con alegría por activistas y miembros de la comunidad LGTBIQ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers), allana el camino para que la propuesta se debata y apruebe en el Parlamento, en un proyecto de ley para reformar la Ley de Matrimonios de 1961.
Malcolm Turnbull, primer ministro australiano y partidario de la legalización, se ha comprometido a aprobar la nueva ley antes de la Navidad. En este sentido, al menos un 72% de los diputados y un 69% de los senadores votarán a favor de la reforma. «Los australianos votaron por la justicia, el compromiso y el amor y ahora el nuestro es aceptar el resultado y aprobar la reforma antes de Navidad». Lo que todavía queda por definir es la forma en que serán legalizadas las bodas entre personas del mismo sexo, dado que el Gobierno tiene ante sí dos propuestas: una del liberal moderado Dean Smith y otra del conservador James Paterson. Éste último busca proteger a aquellos que se nieguen a brindar bienes o servicios para que se celebren las bodas igualitarias.
España, pionera en el mundo
Australia se unirá así a los otros 23 países del mundo que permiten el matrimonio homosexual, después de las recientes incorporaciones de Taiwán y Alemania. De ellos, doce forman parte de la Unión Europea (UE). Es el caso de Holanda, Bélgica, España, Suecia, Portugal, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda y Finlandia, a los que hay que sumar otros dos países europeos: Noruega e Islandia. En América, países como Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia también recogen en sus respectivas legislaciones el matrimonio homosexual. Una lista que completan Nueva Zelanda y Sudáfrica.
En el caso de los países que integran la UE, 15 de los 27 no recogen el matrimonio igualitario, pero existen variaciones entre ellos. Austria, República Checa, Croacia, Estonia, Grecia y Hungría permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esa denominación, mientras que Bulgaria, Eslovenia, Chipre, Eslovaquia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía no reconocen tales derechos.
Por otro lado, España es uno de los países pioneros en el reconocimiento de los derechos LGTBIQ. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno socialista, aprobó la ley del matrimonio homosexual durante su primera legislatura (en junio de 2005), coincidiendo con la aprobación del Gobierno canadiense, a pesar de la fuerte oposición del PP y de la Iglesia católica. Holanda, con una ley aprobada en septiembre de 2000 que entró en vigor el 1 de abril de 2001, fue el primer país en dar luz verde al matrimonio homosexual, seguido de Bélgica (2003).
La discriminación disminuye
Según el Informe Anual de Homofobia de Estado que publica cada año ILGA Mundo (Asociación Internacional de Gays y Lesbianas), el número de países que penalizan las relaciones homosexuales ha disminuido, mientras que la legislación relativa a la diversidad y orientación sexual aumenta. Sin embargo, el mapa de la represión homosexual sigue siendo demasiado grande. «Hasta mayo de 2017, 72 estados siguen penalizando las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo, y en 45 de estos estados se aplica la ley tanto a las mujeres como a los hombres», afirma Carroll, uno de los autores del informe.
Y es que a pesar de que las leyes que penalizan la práctica sexual entre personas del mismo sexo está disminuyendo cada año (con Belice y Seychelles como últimos en derogar dichas leyes en 2016), la persecución y estigmatización profunda persiste en muchos estados. Por otra parte, la promulgación de legislación específica que protege a la comunidad LGTBIQ de la discriminación y la violencia se ha ampliado considerablemente en los últimos años, y la verdadera prueba a la que se enfrentan los estados es la implementación significativa de esas leyes y al avance de la sociedad en el reconocimiento de la diversidad sexual.